Luncheon with Amando de Miguel (MAD)
Hotel Hesperia Madrid (Pº Castellana 4) - Monday, September 10th, 2012
Texto de la conferencia de D. Amando de Miguel del pasado 10 de septiembre cedido amablemente por D. Amando de Miguel:
El galimatías de las autonomías
Amando de Miguel
En los amenes del franquismo muchos españoles de mi generación compartimos la esperanza de que el nuevo diseño regional fuera un avance sustancial para la convivencia general. El experimento se ganó el pretencioso marbete de “Estado de las autonomías”. Ahora vemos que fue una ingenuidad, una esperanza frustrada o, si se prefiere, un fracaso colectivo. Nos podíamos haber imaginado que la originalidad debe pagar un precio. Creíamos que el Estado de las autonomías iba a contener los avances secesionistas de las regiones bilingües. La melancólica realidad es que las ha alentado todavía más, hasta el punto de que muchos nacionalistas propugnan el monolingüismo, se entiende, de su lengua privativa. Es decir, se trata no solo de conseguir una secesión política sino cultural, que es lo peor para todos. Solo con la independencia de Filipinas se produjo algo parecido; no con la de Cuba, ni siquiera con la de Puerto Rico. A principios del siglo XIX las repúblicas americanas se desgajaron de los virreinatos, pero declararon al español como idioma oficial, cuando no lo era en España. No lo fue hasta la II República en 1931 y luego en la Constitución de 1978. Fue un error que ahora lamentamos.
No hay propiamente un “Estado de las autonomías” como no hubo en la realidad un “Estado autárquico”, según la ensoñación después de la guerra civil. En todo caso ambos experimentos han resultado muy costosos. Lo utópico del Estado de las autonomías es que el estatuto de las regiones no las ha hecho a todas iguales, según la famosa pretensión del “café para todos”. Fue una mala metáfora, pues los españoles en grupo jamás piden un mismo tipo de café. En la organización de las autonomías la realidad ha superado la metáfora. No hay que ir a extremos legales. Tómese el simple hecho estadístico de que en casi todas las tertulias o los informativos nacionales hay que dedicar un tiempo a hablar de Cataluña o del País Vasco. Esas dos autonomías son, por eso mismo, “hiperautonomías”, si se me permite el palabro.
En su día no nos percatamos de la trampa léxica. La verdadera “autonomía” es la de la nación española al darse un Estado. Ha sido un laborioso proceso histórico de cientos de años. La nación española, con la portuguesa, fueron las dos primeras en la Historia europea. Al aplicar ese término de “autonomías” (en extraño plural) a las regiones, el sistema político se nos ha hecho cada vez más confuso. No se sabe bien si el “Estado de las autonomías” es un oxímoron o un pleonasmo, tan engañoso aparece. Lo de menos es ya que las llamadas autonomías sean muy onerosas, aunque ese dato agrava la actual crisis económica. Lo verdaderamente preocupante es la disolución de la nación española. No era la intención de los constituyentes de 1978, pero ese ha sido el resultado. The proof of the cake is in the eating, dicen los ingleses, que algo saben de tartas. En nuestro caso el pastel autonómico se encuentra revenido.
Tal es el desaguisado autonómico que se impone plantear una nueva Constitución, precisamente en la celebración de los 200 años de la Constitución de Cádiz. Añádase los 800 años desde las Navas de Tolosa. Precisamente esa fue la batalla decisiva de la Reconquista. Fue la primera vez que lucharon juntas las mesnadas de todos los reinos de la Península, incluido el de Portugal. Quizá fue el primer momento en el que esos combatientes se llamaron a sí mismos “españoles” con plena intención política. Seguramente era para distinguirse de algunos caballeros transpirenaicos que se unieron a la cruzada hispana contra los moros.
Un texto constitucional solo alcanza pleno valor para el lapso de una generación, sobre todo si no admite enmiendas fáciles. Esa rigidez ha sido la tradición de las leyes fundamentales españolas. Así que ha llegado el momento de plantear una nueva Constitución. Debe quedar claro de una vez (aunque no por todas) la cuestión batallona de la organización territorial. La dificultad del empeño está en un hecho paradójico. España se constituyó en el primer Estado moderno y, por esa razón, sus distintas partes han conservado su lozanía histórica. Lo que pudo ser una ventaja cultural ha acabado siendo un centón ingobernable cinco siglos después. Lo paradójico del asunto es que el tirón secesionista se agudiza no en las regiones económicamente atrasadas sino en las adelantadas: País Vasco y Cataluña. El desarrollo económico de esas dos regiones se ha beneficiado fundamentalmente de la política proteccionista, que ha sido común a todos los Gobiernos desde Cánovas a la fecha. Es decir, se ha hecho con el obligado sacrificio del resto de los españoles. Lo curioso es que la protesta no procede ahora de los sacrificados sino de los privilegiados, que encima se consideran víctimas. En el discutido balance económico de lo que han dado y recibido Cataluña y el País Vasco al resto de España no se incluyen los movimientos migratorios interiores. Una vez más, estamos ante dos autonomías algo distintas.
El proteccionismo ha sido uno de esos acuerdos básicos (o de Estado) que son más constitucionales que la Constitución. Puede que el pacto proteccionista fuera necesario para la industrialización de España, un país con una población rala y mal dotada de recursos. Hoy el compromiso que se debe exigir requeriría más altos vuelos. Nada menos que tendría que cauterizar los desgarros secesionistas de vascos, catalanes y otros. Al tiempo habría que estudiar bien la necesidad de ceder soberanía para integrarnos en Europa. Tendría que ser una Europa con Rusia y, simbólicamente, con una sola embajada europea ante otros países. Tal pretensión resulta hoy risible cuando en España casi todas las regiones (con Cataluña a la cabeza) mantienen sus “embajaditas” particulares en muchas capitales e incluso en Madrid. Es solo una ilustración del despilfarro que significa nuestro invento autonómico.
Ese pacto de Estado (o como se llame) sobre la reorganización territorial exige que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos, PP y PSOE. Pero no son tan grandes como indica la cosecha de votos, pues hay un abanico de otros partidos, algunos de ellos de carácter regional. El obstáculo básico es que los dirigentes de los dos grandes partidos no se hablan unos con otros; se odian. Curiosamente solo se han puesto de acuerdo (tácito) para establecer una llamada “política antiterrorista”. La cual ha consistido realmente en dar legitimidad a los terroristas vascos para que se acerquen al poder. Es un movimiento difícil de explicar.
Nos encontramos en el siglo de la Economía, de tal modo que imperan las razones de coste. Teóricamente el Estado de las autonomías de 1978 tendría que haber sido más barato que el centralista. La razón era que acercaba la Administración Pública a los contribuyentes (que ahora llaman “ciudadanos”; otro exceso retórico). Nada de eso. El Estado de las autonomías ha sido un factor que ha impulsado todavía más el derroche del dinero público, incluido el extremo de la corrupción generalizada. Por otro lado, la integración en la Unión Europea tenía por objeto conseguir la gran ventaja de escala. No se ha logrado, excepto para los grandes países exportadores, como Alemania, Holanda o Finlandia. A los españoles la burocracia bruselense nos ha salido pesada, lenta y cara. Súmense ambos efectos y se tendrá la quiebra económica del Estado español que ahora padecemos. Un ejemplo de la confusión reinante en ese aspecto es que la locución “pacto fiscal” significa dos procesos opuestos. Por un lado está la cesión de competencias del Fisco a la Generalidad de Cataluña y, por otro, la asunción de las mismas por un hipotético Fisco europeo.
El argumento económico no es el primordial, aun en el caso de enunciarse en medio de una fatídica crisis. Importa más el desmantelamiento del Estado, la erosión del sentido nacional, la continua confusión entre Estado y nación. La voz “España” se ha reducido al ambiente militar y al fútbol. Es un consuelo. Lo “nacional” termina siendo lo que antes era lo regional. Lo que antes era lo nacional ahora es lo “estatal”. Como puede verse, el galimatías es literal en su sentido etimológico, como lo es la confusa genealogía de Cristo en el evangelio de San Mateo.
Cabe aquí una autocrítica. Los que propugnamos un refuerzo del sentido nacional lo hemos hecho forzadamente frente al tirón secesionista, principalmente del País Vasco y de Cataluña. Ese esfuerzo resulta sobremanera reactivo, por tanto, con mucho desgaste, con escasa eficiencia. No basta con “defender” a la nación española. Hay que pasar a “reconvertir” su forma de organización política, por lo menos para la próxima generación. No tendría mucho sentido que se creara un nuevo nacionalismo español antinacionalista. Aunque también es curioso que la voz “nacionalista” (catalanista o vasquista) sea ponderativa y la de “españolista” aparezca como afrentosa.
Se habla comúnmente de las dos opciones que caben para el secesionismo vasco y catalán. Cabe la salida de un referéndum en cada una de esas dos regiones para ver qué parte de su población está a favor de la independencia. O también, se puede plantear una solución más radical, que un Gobierno regional nacionalista declare unilateralmente la independencia. En ambos casos se trataría de alterar mil años de Historia española común (o quinientos años, si se quiere ser más estricto) por una decisión ocasional. No parece una solución muy equilibrada, incluso aunque se planteara la variante de un referéndum en el que pudieran votar todos los españoles. Cierto es que en el siglo XX han surgido con éxito nuevos Estados en Europa mediante los procedimientos señalados (Irlanda, Noruega, Finlandia, Eslovaquia). Ahora bien, esos resultados se derivaban de un apoyo realmente masivo de las respectivas poblaciones. No parece ser el caso de Cataluña o el País Vasco. Recuérdese que en la Edad Media ninguna de esas dos entidades fueron reinos. Los reinos principales están contenidos simbólicamente en el escudo de España: Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada.
Cabe una tercera salida lógica, un poco como la de Puerto Rico. Es decir, Cataluña o el País Vasco quedarían como una especie de Estados libres asociados a España. Eso equivaldría a una especie de “independencia subvencionada”. No es una fantasía. La política secular de los nacionalismos vasco y catalán se ha orientado siempre a jugar con el chantaje de la independencia para conseguir más recursos y privilegios del Gobierno central. Hasta ahora esa política ha funcionado con éxito para las respectivas capas dirigentes de Cataluña y el País Vasco. El problema es que al mismo tiempo ha alimentado una queja creciente por parte del resto de los españoles. Por otra parte, el modelo de Puerto Rico corresponde a un territorio minúsculo que proviene de un estatuto colonial. Cierto es que, en el pasado medieval, ni Cataluña ni el País Vasco fueron reinos, pero tampoco fueron después colonias. Es más, en los últimos 150 años esas dos regiones han venido siendo las adelantadas de la industrialización española, gracias en parte a los privilegios fiscales y al proteccionismo. Una consecuencia del proteccionismo ha sido la corriente secular de las migraciones interiores que se han orientado en gran medida hacia esas dos regiones.
El gran cambio del último medio siglo ha sido que la locomotora de la economía española ha pasado de Barcelona y Bilbao a Madrid. Esa nueva situación ha creado un cierto sentimiento de decadencia económica en Cataluña y el País Vasco. Lo cual lleva, paradójicamente, a la querencia de acentuar todavía más el llamado “hecho diferencial” con el resto de España. Ante la decisión del “café para todos”, los nacionalistas de Cataluña y el País Vasco insisten en que cada una de esas dos regiones son verdaderas naciones. La consecuencia es que no aceptan ser como las demás comunidades autónomas. Pero, a su vez, el resto de las regiones insisten en que ellas quieren el mismo techo competencial de las dos regiones privilegiadas. La tensión lleva a una consecuencia indeseada: el aumento imparable del gasto público regional. Así pues, no se ve salida al laberinto.
Una forma de superar esa aporía es plantear abiertamente una nueva Constitución. Hay que tirar por elevación, pues el Estado de las autonomías no se puede alterar por sí solo. Quizá haya que recortar antes el sueño de “más Europa”, que realmente significa más burocracia internacional poco eficiente. Los Estados europeos se encuentran muy hechos por siglos de Historia. Bastaría lograr que los europeos (incluidos los británicos y los rusos) confluyeran en instituciones económicas comunes, menos costosas que las actuales.
Si la pretensión de cambiar la ley fundamental pudiera parecer poco realista, estaría bien recordar la hazaña de los constituyentes de Cádiz hace 200 años. La España de entonces se encontraba verdaderamente intervenida, ocupada por los ejércitos de Francia y de Inglaterra. Ambos se disputaban la hegemonía europea en el terreno ibérico. Se llevaron un buen botín y destruyeron todo lo que pudieron. Menos mal que la Guerra Peninsular para nosotros es la Guerra de Independencia. A pesar de los pesares, los patriotas de Cádiz redactaron la Constitución más influente (dentro y fuera de España) de toda nuestra Historia. No es menos cierto que apenas estuvo vigente.
La nueva Constitución debe ser redactada en poco tiempo por un grupo amplio de profesionales, no solo juristas, y, a ser posible, que no hayan sido altos cargos. Deben ser personas que defiendan los intereses del conjunto de la nación española. No será difícil encontrarlas. Más ardua es la labor pedagógica de convencer a la población de la necesidad de reconstruir el Estado. La dificultad mayor es la de conseguir un amplio acuerdo con los nacionalistas vascos y catalanes. Se añaden los de otras regiones, provincias y comarcas.
Habría que fijar algunos supuestos en términos de probabilidad para la próxima generación: (1) No se va a conseguir una federación europea en sentido estricto. (2) La economía europea (y desde luego la española) de los próximos decenios no va a experimentar tasas de crecimiento del producto económico superiores al 3% anual. Es decir, vamos hacia una sociedad económicamente estable o estacionaria, salvo, quizá, en el avance del conocimiento. (3) Debe descartarse el sueño (o la pesadilla) de la secesión de algunas regiones españolas. (4) En cambio, sí se puede replantear la vieja aspiración de la confederación de España y Portugal. Como es natural, esos supuestos son perfectamente discutibles. Es más, puede que de momento no sean muy populares y hasta parecerán utópicos. Más utópica parecía en 1812 la intención de sustituir la monarquía absoluta por un régimen liberal, pero se consiguió a trancas y barrancas.
Antes de entrar a precisar las reformas convenientes, se precisa advertir que debemos evitar la tentación, tan española, del arbitrismo. Consiste en proponer soluciones un tanto miríficas para los problemas colectivos sin atender al coste que representan o las opciones que caben. Así pues, las propuestas que figuran a continuación son más bien problemas que soluciones. Serán los técnicos y los políticos quienes tengan que diseñar las soluciones. Aun así, no se espere ningún efecto taumatúrgico de los cambios legales. La verdadera Constitución es la que no está escrita, la que expresa los usos interiorizados. En su virtud, la auténtica reforma política de un país pasa por el sosegado cruce de opiniones de sus habitantes. Es corriente hablar de “las políticas” en plural difuso, pero la política es singular. Otra cosa es que luego se traduzca en decisiones, medidas o leyes varias y cambiantes. Un detalle léxico más. Otra manifestación del actual lenguaje es hablar de “actuaciones” de los políticos, más que de “acciones”. Esa transmutación supone un fuerte componente teatrero, retórico; el típico de una sociedad que todo lo convierte en espectáculo, en motivo de campaña publicitaria.
Como consecuencia de las premisas dichas, se impone una burocracia pública más reducida que la actual y la abolición de los privilegios fiscales del País Vasco y Navarra. Ni qué decir tiene que sería un disparate extender esos privilegios a Cataluña. En el Parlamento nacional (mejor sería una sola cámara, a poder ser con menos de 100 diputados) no deberían caber los partidos totalitarios. Tampoco se aceptarían los que representan objetivos estrictamente regionales. Esos últimos sí podrían estar representados en las respectivas instituciones regionales. Ninguna lengua debe ser declarada como oficial. Basta el reconocimiento de la realidad lingüística de los españoles. Debe quedar claro que no hay “lenguas propias” de los territorios sino de los individuos. Por tanto, en toda España debe haber centros públicos de enseñanza obligatoria en español, como única lengua común a todos los españoles. Ni qué decir tiene que todas esas propuestas son para ser ampliamente debatidas. Se anticipan ásperas polémicas.
Respecto a la batallona cuestión de la ley electoral, lo mejor es que la Constitución se atenga solo a algunos principios. Por ejemplo, se impone hoy un nuevo derecho, todavía muy discutido. Es el de que, en los comicios, los padres tengan tantos votos como hijos menores, naturalmente, repartidos entre los dos progenitores. La novedad es lógica, pues el voto repercute en el bienestar que pueda afectar a los menores. Parece un buen progreso democrático, muy discutible todavía por ser una novedad. Pero también lo fue en su día el voto de las mujeres. Aun así, no es una propuesta fundamental.
La nueva Constitución debe reconocer el derecho de huelga, pero siempre como último recurso cuando no se llegue a un acuerdo entre los sindicatos y los empleadores. Por tanto, no debe haber huelgas legítimas como protesta contra medidas políticas. Como es lógico, una decisión de ese estilo va a irritar a los dos “sindicatos siameses” (UGT y CC.OO.), hasta ahora hegemónicos y subvencionados. Pero ambos tendrán que reconocer que ha pasado su tiempo corporativista. El Estado no debe conceder ninguna subvención a los sindicatos, asociaciones empresariales o partidos políticos. Sería muy conveniente que se redujera al máximo el número de empresas públicas, no digamos las que son una simple tapadera para el clientelismo.
Es evidente que esa gavilla de reformas va a tropezar con la enemiga de las fuerzas sindicales o nacionalistas. Claro que, si no se presentara esa oposición, las reformas serían inanes. Las propuestas dichas deben considerarse como un necesario punto de partida para replantear la organización del Estado. Tómense más bien como ilustraciones, como estímulos para poder hablar. Hemos de volver a centrarnos en la idea basal de la nación española. Lo cual significa, por de pronto, acabar con la confusión de que lo nacional aparece como lo “estatal” o lo “interterritorial”.
Insisto en que las propuestas anteriores son harto discutibles y son solo una muestra de lo que cabe debatir. Se apoyan en la presunción de que recibirían el apoyo de una buena parte de los españoles. Esperemos que pueda ser pronto una mayoría. Para eso hace falta una gran labor de ilustración nacional. El coste alternativo de no plantearlas sería mucho más gravoso. Recuérdese que los españoles de distintas épocas hemos sido expertos en organizar guerras civiles.
El texto anterior es una aportación más sosegada a la grave cuestión de cómo organizarnos definitivamente los españoles ante la nueva sociedad que va a salir de la crisis actual. Es una crisis económica, institucional y de valores. Por lo menos hay un punto mínimo que debe quedar claro: El Estado de las autonomías debe ser revisado a fondo.
Madrid, 10 de septiembre de 2012.
